COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS
C A O I
URGENTE
Quince mil pobladores toman mina
En Región Ancash, Perú, comunidades exigen respeto a sus derechos colectivos
Desde las siete de la mañana de hoy, quince mil pobladores afectados por la actividad minera, tomaron las instalaciones de la Minera Antamina, ubicadas en Joprop, Chipta, Puncullo, Región Ancash. Feliciana Amado Chávez, dirigente de la Confederación General de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI) participa de la medida de fuerza.
ANTECEDENTES
La Compañía Minera Antamina invirtió para construir la mina 2,260 millones de dólares, desplazando de sus tierras a más de 90 familias ocupadas en la ganadería y agricultura. Genera 2,724 puestos de empleo, de los cuales sólo 631 serían de las zonas de influencia de la mina. Ancash tiene una población de más de un millón de habitantes, 61% de los cuales viven en situación de pobreza.
Antes de iniciar sus operaciones, Antamina compró tierras comunales y de propietarios familiares, sin realizar la delimitación ni la medición respectivas. Hasta el momento no se ha determinado con exactitud el límite de Antamina, que permanentemente invade la propiedad de las comunidades. También está pendiente la reubicación de la comunidad de Yanacancha (que ha desaparecido con sus anexos Tranca y Tucush), con la reposición de los bienes comunes destruidos al momento de la construcción de la mina. La compañía tampoco respeta el uso ancestral de los caminos de herradura ni la carretera de la comunidad. Las comunidades han agotado sus esfuerzos en la búsqueda de la solución al conflicto, sin resultados. Todo esto ha generado conflictos, provocando el enjuiciamiento de treinta comuneros.
Antamina, además, construyó en 1999 una planta de tratamiento después de un recorrido de trescientos kilómetros de ducto para separar el mineral del agua, así como un puerto de embarque de minerales. Desde entonces se ha reducido drásticamente la pesca artesanal en el litoral, la principal actividad económica del pueblo, dejando sin sustento a cuatro mil familias de pescadores. Además, como consecuencia de las explosiones para construir el muelle, se han rajado las viviendas de los pescadores y las columnas de un centro educativo cercano.
El transporte de concentrados con contenidos de cianuro y otras sustancias contaminantes con agua a través del ducto, involucra el riesgo de una rotura de graves consecuencias en las poblaciones cercanas, así como la posibilidad de que el agua contaminada llegue al mar afectando aún más la pesca, o que al ser tratada sin eliminar los metales pesados y utilizarse en un programa de riego termine mezclándose con aguas subterráneas que utilizan los agricultores, las plantas de harina de pescado y la población. Los agricultores, pescadores y pobladores de Huarmey se han movilizado contra estos atropellos y cuatro de sus líderes también han sido denunciados penalmente.
Ambos casos han sido elevados por CONACAMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La toma de la mina es una medida para llamar la atención de las autoridades del gobierno para que hagan cumplir la ley y protejan a las comunidades contra los abusos de la compañía minera.
Lima, 18 de octubre de 2007
Coordinación General de la CAOI
C A O I
URGENTE
Quince mil pobladores toman mina
En Región Ancash, Perú, comunidades exigen respeto a sus derechos colectivos
Desde las siete de la mañana de hoy, quince mil pobladores afectados por la actividad minera, tomaron las instalaciones de la Minera Antamina, ubicadas en Joprop, Chipta, Puncullo, Región Ancash. Feliciana Amado Chávez, dirigente de la Confederación General de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI) participa de la medida de fuerza.
ANTECEDENTES
La Compañía Minera Antamina invirtió para construir la mina 2,260 millones de dólares, desplazando de sus tierras a más de 90 familias ocupadas en la ganadería y agricultura. Genera 2,724 puestos de empleo, de los cuales sólo 631 serían de las zonas de influencia de la mina. Ancash tiene una población de más de un millón de habitantes, 61% de los cuales viven en situación de pobreza.
Antes de iniciar sus operaciones, Antamina compró tierras comunales y de propietarios familiares, sin realizar la delimitación ni la medición respectivas. Hasta el momento no se ha determinado con exactitud el límite de Antamina, que permanentemente invade la propiedad de las comunidades. También está pendiente la reubicación de la comunidad de Yanacancha (que ha desaparecido con sus anexos Tranca y Tucush), con la reposición de los bienes comunes destruidos al momento de la construcción de la mina. La compañía tampoco respeta el uso ancestral de los caminos de herradura ni la carretera de la comunidad. Las comunidades han agotado sus esfuerzos en la búsqueda de la solución al conflicto, sin resultados. Todo esto ha generado conflictos, provocando el enjuiciamiento de treinta comuneros.
Antamina, además, construyó en 1999 una planta de tratamiento después de un recorrido de trescientos kilómetros de ducto para separar el mineral del agua, así como un puerto de embarque de minerales. Desde entonces se ha reducido drásticamente la pesca artesanal en el litoral, la principal actividad económica del pueblo, dejando sin sustento a cuatro mil familias de pescadores. Además, como consecuencia de las explosiones para construir el muelle, se han rajado las viviendas de los pescadores y las columnas de un centro educativo cercano.
El transporte de concentrados con contenidos de cianuro y otras sustancias contaminantes con agua a través del ducto, involucra el riesgo de una rotura de graves consecuencias en las poblaciones cercanas, así como la posibilidad de que el agua contaminada llegue al mar afectando aún más la pesca, o que al ser tratada sin eliminar los metales pesados y utilizarse en un programa de riego termine mezclándose con aguas subterráneas que utilizan los agricultores, las plantas de harina de pescado y la población. Los agricultores, pescadores y pobladores de Huarmey se han movilizado contra estos atropellos y cuatro de sus líderes también han sido denunciados penalmente.
Ambos casos han sido elevados por CONACAMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La toma de la mina es una medida para llamar la atención de las autoridades del gobierno para que hagan cumplir la ley y protejan a las comunidades contra los abusos de la compañía minera.
Lima, 18 de octubre de 2007
Coordinación General de la CAOI
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